El presidente de la UD Las Palmas se enfrenta a un juicio oral por delitos de fraude. El Ministerio Fiscal acusa a Ramírez y a su socio, Héctor de Armas, de defraudar una cantidad de unos 37 millones de las arcas públicas durante su etapa en Seguridad Integral Canaria.
Ya con anterioridad, Seguridad Social y Agencia Tributaria solicitaban anteriormente una condena de 73 años de prisión para Ramírez. Ahora, la Fiscalía ha pedido 21 años y seis meses de cárcel, además de las multas, que sumarían más de 105 millones de euros.
Tanto Ramírez como de Armas deberán abonar una fianza de 50 millones, a pagar en un plazo de 24 horas.
Causa pendiente desde hace seis años
La causa contra Ramírez lleva abierta desde 2014. Había sido cerrada a la espera de que las cuatro partes personadas (Fiscalía, Agencia Tributaria, Seguridad Social y el sindicato USO) presentasen sus acusaciones:
Fiscalía le imputa tres delitos contra la Seguridad Social y cinco contra la Hacienda Pública, mientras que de Armas cargaría con dos y tres, respectivamente.
La Agencia Tributaria y la Seguridad Social acusan a ambos de nuevo delitos de fraude en cotizaciones. La Agencia Tributaria, además, les achaca cinco delitos de defraudación a Hacienda.
En cuanto a USO, les acusa de dos delitos contra la Seguridad Social y de cinco contra la Hacienda Pública.
