Las bajas laborales crecieron un 19,1% el último año en el archipiélago
La gestión de los recursos humanos en el archipiélago se enfrenta a un desafío estructural que amenaza directamente la viabilidad del tejido económico. El absentismo laboral en Canarias ha experimentado una escalada sin precedentes, forzando a las empresas locales y a las mutuas colaboradoras a contratar de forma masiva los servicios de detectives privados para desenmascarar fraudes en las situaciones de incapacidad temporal. De hecho, las investigaciones por supuestas irregularidades médicas ya acaparan el 80% de la actividad total de las agencias de investigación del país, espoleadas por casos flagrantes que van desde empleados que simulan lesiones invalidantes para realizar reformas domésticas hasta trabajadores en teórica situación de baja que aprovechan el fin de semana para viajar de fiesta por las islas.
En un entorno socioeconómico como el de Fuerteventura, caracterizado por el absoluto predominio de las micropymes de menos de diez trabajadores, el impacto colateral de este fenómeno es inmediato y devastador. Cuando un operario se ausenta de su puesto de forma injustificada, la carga de trabajo se redistribuye de golpe entre el resto de una plantilla ya de por sí ajustada. Esta presión interna suele actuar como el principal detector del fraude: las sospechas y los comentarios nacen de los propios compañeros de faena, quienes reportan haber visto al empleado en dinámicas totalmente incompatibles con su baja médica, lo que activa el posterior seguimiento profesional de los detectives durante un periodo estándar de cuatro a cinco días para aportar pruebas sólidas ante los juzgados de lo social.
Un agujero económico de 3.000 millones de euros
Los datos macroeconómicos publicados por el Ministerio de Seguridad Social y analizados por la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) constatan la gravedad de la situación. El pasado año se cerró en el archipiélago con más de 400.000 casos de incapacidad temporal, lo que supuso un preocupante incremento del 19,1% en tan solo doce meses, afectando de forma mayoritaria a las bajas por contingencias comunes de corta duración (entre uno y quince días). Si se toma como referencia el año 2015, el incremento acumulado del absentismo en las islas se sitúa en un escalofriante 130%, una velocidad de crecimiento que sitúa a la comunidad autónoma a la cabeza de la ineficiencia laboral junto a regiones como Madrid o Cataluña.
El coste de este escenario se traduce en cerca de 23 millones de jornadas laborales perdidas, restando competitividad a las empresas majoreras y detrayendo recursos esenciales de la economía regional. Los expertos en la materia se afanan en matizar las estadísticas para evitar generalizaciones injustas: el 70% de la masa laboral canaria no solicita ninguna baja a lo largo del año y, del porcentaje restante, la mitad obedece a enfermedades reales y plenamente justificadas. Sin embargo, el foco de alarma se centra en ese 15% de casos bajo sospecha y, de manera muy especial, en el 3% de empleados crónicos que encadenan más de tres bajas al año, un reducto que está distorsionando las relaciones laborales y obligando a los empresarios a ejercer un control exhaustivo de la salud laboral para salvar la productividad de sus negocios.
