La polémica en torno al turismo, el alquiler vacacional y el acceso a la vivienda ha vuelto a ganar protagonismo en Canarias. El reciente debate sobre la regulación del uso turístico de viviendas expone la tensión entre quienes defienden la economía del turismo y quienes alertan sobre sus consecuencias en el derecho a una vivienda digna.
Vacuna normativa… ¿para qué?
Este 2025, el Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas fue aprobada por el parlamento autonómico con el objetivo de frenar la proliferación descontrolada de viviendas vacacionales en zonas saturadas. La norma obliga a instaurar límites: por ejemplo, prohíbe destinar a turismo las viviendas de nueva construcción durante varios años, tratando de preservar el uso residencial.
La regulación pretende proteger a los residentes que han visto subir los precios de alquiler y vivienda debido al auge del turismo y del alquiler vacacional. Para sus defensores, supone dar prioridad al derecho a la vivienda frente a la presión del turismo.
Críticas desde el sector turístico y los propietarios
No obstante, la norma ha recibido duras críticas. Entidades como Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) argumentan que la ley perjudica a miles de pequeños propietarios que han invertido en viviendas con la expectativa legítima de obtener ingresos mediante el turismo. Clasifican la regulación como una “aberración” que favorece a los grandes tenedores.
Según sus críticas, esta normativa podría forzar la venta de viviendas, generar inseguridad jurídica para quienes quieren mantener sus inmuebles en alquiler vacacional, y expulsar del mercado de turismo a quienes hasta ahora lo habían frecuentado.
Entre “turismofobia” y emergencia habitacional: la voz de la ciudadanía.
Este conflicto ha alimentado un debate social más amplio: por un lado, quienes defienden el turismo como pilar económico de Canarias; por otro, quienes denuncian que el modelo basado en turismo masivo está provocando un encarecimiento de la vivienda, dificultando que familias locales —especialmente jóvenes, trabajadores o con bajos ingresos— puedan acceder a un hogar digno.
Asociaciones vecinales, movimientos de protesta y organizaciones sociales reclaman medidas más firmes para garantizar vivienda asequible, frenar la gentrificación turística y priorizar a los residentes frente a la demanda turística. Algunos de estos sectores califican la situación como “turismofobia”, aunque otros matizan que el problema no es el turismo en sí, sino el modelo actual: saturado, especulativo y excluyente.
Hacia un equilibrio necesario
El reto ahora consiste en encontrar un equilibrio. Por un lado, aprovechar las oportunidades que aporta el turismo —empleo, economía, visibilidad internacional—; por otro, garantizar el derecho a la vivienda, proteger a los residentes y evitar que las islas se conviertan en lugares solo al servicio del visitante.
La regulación reciente puede ser un primer paso, pero muchos piden que se complemente con políticas de vivienda social, control de precios y una apuesta clara por modelos turísticos sostenibles, inclusivos y compatibles con el bienestar de la población canaria.
Fuente original: La turismofobia no cala en Canarias: la ciudadanía prioriza inmigración y vivienda
