La plataforma social denuncia que la cumbre organizada en el Santa Catalina es un "lavado de cara" donde bancos y constructoras deciden el futuro, mientras se ignora a las familias asfixiadas por el alquiler y la falta de oferta.
Alfombra roja para el ‘negocio’ y portazo al vecino. Mientras en Fuerteventura se hacen malabares para pagar el alquiler a fin de mes o encontrar un piso que no sea vacacional, en Las Palmas de Gran Canaria se extiende la alfombra roja en el emblemático Hotel Santa Catalina. El motivo: el I Congreso de Vivienda de Canarias, una cita que arranca hoy y que el Gobierno regional vende como el gran foro de diálogo para solucionar el drama habitacional. Sin embargo, para la plataforma Derecho al Techo, la foto tiene truco: en la mesa se sientan los que hacen negocio con las casas, no los que las necesitan para vivir.
La crítica ha caído como un jarro de agua fría sobre la Consejería de Obras Públicas. El colectivo no se ha mordido la lengua al calificar el evento no como una jornada sobre derechos, sino como una «jornada sobre el negocio inmobiliario». Y es que, echando un vistazo al programa, los nombres que se repiten son promotores, bancos, consultoras y fondos de inversión. ¿Y los inquilinos? ¿Y los afectados por los desahucios? Según la plataforma, ni están, ni se les espera.
«Mucho traje y poco inquilino»
Para el ciudadano de a pie, leer el programa del congreso es como leer un manual de economía financiera. Se habla de «oportunidades de mercado», de «modelos de inversión» y de «rentabilidad». Un lenguaje que suena a música celestial para el inversor, pero a burla para el joven de Pájara que ve cómo su sueldo no le da para independizarse.
La denuncia:
«Este congreso legitima el modelo que ha generado la crisis. Se analiza como si el problema fuera técnico (licencias, suelo), cuando es político y estructural», sentencian desde Derecho al Techo.
El colectivo lamenta que se esté vendiendo la colaboración público-privada como la panacea. Advierten que, bajo eufemismos bonitos, lo que se esconde es la privatización de suelo público (concesiones a 75 años) y la dependencia del mercado financiero para garantizar algo tan básico como un techo. «No se habla de hogares, se habla de activos financieros», recalcan.
Lo que Canarias ignora (y Fuerteventura sufre)
Lo más doloroso para islas tensionadas como la nuestra es lo que NO se va a debatir en esos salones de lujo. Según Derecho al Techo, el congreso pasa de puntillas sobre los verdaderos cánceres del sistema:
La vivienda vacacional descontrolada: El elefante en la habitación que expulsa a los residentes de zonas costeras.
Las casas vacías: Se estima que en Canarias hay 211.000 viviendas cerradas. Inmuebles que, en lugar de cumplir una función social, esperan a que suba el precio para especular.
La turistificación: El uso de la vivienda como hotel encubierto.
Faltan en la mesa las plataformas de afectados, los sindicatos de inquilinas y los colectivos juveniles. Faltan modelos alternativos que funcionan en Europa (como el modelo Viena) o medidas valientes como topar los precios del alquiler o prohibir la compra de vivienda a fondos buitre para especular.
¿Marketing o solución?
El Gobierno de Canarias, con Pablo Rodríguez al frente, defiende que este foro nace para quedarse y buscar «soluciones estables». Pero para los colectivos sociales, esto huele a «marketing político» y a una escenificación de diálogo donde no hay conflicto porque todos los invitados piensan igual: en el dinero.
La conclusión de Derecho al Techo es demoledora y resume el sentir de muchos canarios que hoy miran con recelo hacia la capital: «La vivienda es un derecho constitucional, no una mercancía estratégica». Mientras en el Santa Catalina debaten sobre «industrialización» y «activos», en la calle la emergencia social sigue creciendo, esperando soluciones que no tengan forma de cuenta de resultados.
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