Con un incremento estimado del 12% en los alquileres y un bloqueo administrativo que retrasa las licencias de obra hasta cuatro años, el acceso a un hogar sigue siendo el principal reto social del Archipiélago
El inicio de 2026 no ha traído el alivio esperado para miles de familias canarias que buscan un hogar. Según los últimos datos de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI) y la patronal de la construcción FEPECO, el mercado inmobiliario en las islas se enfrenta a una tormenta perfecta: precios de alquiler desorbitados, una oferta bajo mínimos y una burocracia municipal que mantiene «congelados» cientos de proyectos de construcción.
El alquiler, una «burrada» inasumible
Si 2025 cerró con cifras récord, 2026 apunta a superar todas las marcas. Las previsiones manejan un incremento adicional del 12% en el precio de los alquileres. «Eso ya es una burrada», afirma Jorge Ojeda, gerente de ACEGI. La situación ha llegado a un punto en el que, para muchas familias, resulta más rentable pagar una hipoteca que un alquiler, siempre y cuando dispongan de los ahorros previos para la entrada.
En las capitales, el precio del metro cuadrado sigue su escalada: Santa Cruz de Tenerife ya lidera con una media de 3.666 euros/m2, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria no baja de los 2.704 euros/m2.
El «muro» de los ayuntamientos
A pesar de la urgencia habitacional, la construcción de nueva vivienda sigue bajo mínimos. El motivo no es la falta de inversión, sino el bloqueo administrativo. Desde FEPECO, su presidente Óscar Izquierdo denuncia que las licencias de obra mayor, que legalmente deberían tardar 90 días, se están demorando entre 20 meses y cuatro años.
«Es el fracaso de una administración fallida», sentencia Izquierdo, quien señala que muchos ayuntamientos son incapaces de gestionar los permisos en tiempo y forma, lo que encarece el producto final en más de 18.000 euros por vivienda debido a los costes financieros de la espera.
Soluciones que no llegan
A pesar de que el Gobierno de Canarias ha aprobado decretos para agilizar los trámites y fomentar la vivienda asequible incentivada, la realidad a pie de calle es distinta. Algunos consistorios se han «descolgado» de estas medidas, manteniendo el cuello de botella burocrático.
Desde el sector se propone:
Agilizar licencias: Reducir los plazos a menos de seis meses mediante la colaboración público-privada.
Rehabilitación: Fomentar la reforma de viviendas en mal estado para sacarlas al mercado.
Ley de Función Pública: Medir la productividad de los departamentos de urbanismo para evitar retrasos injustificados.
En definitiva, Canarias encara 2026 en una situación de «emergencia cotidiana». Sin una apuesta decidida por la construcción de vivienda social y un desbloqueo real de las oficinas técnicas municipales, el derecho a una vivienda digna seguirá siendo, para muchos isleños, un simple deseo de Reyes incumplido.
