Tras la polémica referente a las investigaciones judiciales contra el rey emérito Juan Carlos I por presunto cobro de comisiones ilegales y la ocultación de 64,8 millones de euros, el Gobierno ha abierto el debate sobre la necesidad de limitar la inviolabilidad absoluta del monarca detallada en la Constitución. El presidente Sánchez ha recordado que su gobierno «ya ha hablado de una posibilidad de reformar la constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos circunscritos a cualquier cargo público. La Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades».
