Familias y docentes se movilizan para exigir el fin de la exclusión y una dotación presupuestaria inmediata
El descontento y la indignación de la comunidad educativa canaria se trasladaron con contundencia a las calles de la isla. Cientos de familias, alumnos, profesores y colectivos sociales se manifestaron en Fuerteventura en una jornada de protesta simultánea que también recorrió de forma masiva las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. La movilización ciudadana persigue un objetivo claro: exigir una educación pública digna que abandone los discursos bienintencionados y aplique recursos materiales y humanos reales para garantizar el aprendizaje de todo el alumnado en igualdad de condiciones.
«No se puede hablar de inclusión mientras se sigan abriendo recursos separados en lugar de dotar a los centros ordinarios de los apoyos necesarios»
Un rechazo frontal a las políticas de segregación
El detonante de esta protesta colectiva es el profundo agotamiento de quienes llevan años denunciando las carencias del sistema actual. Los convocantes critican la alarmante falta de profesionales especializados en los centros de la maxorata y las insalvables barreras normativas e infraestructurales que todavía sufren diariamente los niños y niñas con discapacidad. El colectivo de familias afectadas ha lanzado un mensaje inequívoco, advirtiendo que no tolerarán más situaciones de discriminación ni excusas institucionales que limiten el desarrollo y la participación del alumnado más vulnerable en el entorno escolar regular.
La diana de las críticas se ha fijado directamente en la gestión de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, liderada por Poli Suárez. Las familias exigen un giro radical que deje atrás los modelos que aíslan a los estudiantes en función de sus necesidades específicas de apoyo educativo. Desde el movimiento social se insiste en que la verdadera inclusión no consiste en crear espacios o aulas segregadas para quienes requieren mayor atención, sino en transformar los colegios e institutos ordinarios para que todos puedan aprender y convivir juntos de manera efectiva.
Exigencias humanas y materiales inmediatas
Para dar respuesta a esta crisis habitacional y educativa, la comunidad escolar ha unificado sus reclamaciones en una serie de demandas estructurales que consideran urgentes e irrenunciables. El manifiesto de la movilización reclama la incorporación inmediata de un mayor volumen de profesorado de apoyo dentro de las aulas, la ampliación sustancial de especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), además de un incremento en las plantillas de orientadores y de auxiliares tanto de carácter educativo como sanitario.
Asimismo, los manifestantes exigen la implantación de planes de formación especializada y continua para todo el personal docente, la adaptación de los centros hacia infraestructuras plenamente accesibles y el establecimiento de ratios adecuadas que permitan una atención personalizada. La estabilización de las plantillas y el refuerzo de una inspección educativa que garantice de oficio los derechos de los menores completan un paquete de medidas que las familias recuerdan que no constituyen privilegios, sino el cumplimiento de derechos fundamentales recogidos por la ley. La jornada de protesta dejó claro que la sociedad majorera no piensa seguir mirando hacia otro lado mientras se compromete el futuro de sus menores.
