Residencias universitarias para estudiantes de las islas no capitalinas para evitar desigualdades
El acceso a la universidad vuelve a situarse en el centro del debate político en Canarias. El Cabildo de Fuerteventura ha aprobado una declaración institucional con la que reclama la creación de una red de residencias universitarias para estudiantes de las islas no capitalinas, una iniciativa que busca evitar que el lugar de nacimiento condicione las posibilidades reales de cursar estudios superiores.
La propuesta parte de una realidad que afecta cada año a cientos de jóvenes majoreros y de otras islas periféricas: la necesidad de trasladarse a Gran Canaria o Tenerife para acceder a determinadas titulaciones universitarias, asumiendo unos costes de alojamiento, transporte y manutención que muchas familias tienen dificultades para afrontar.
La presidenta del Cabildo, Lola García, defendió que garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior debe ser una responsabilidad compartida entre todas las administraciones públicas.
“Garantizar el acceso a la educación superior en igualdad de condiciones es una responsabilidad compartida de las administraciones. Desde Fuerteventura queremos impulsar soluciones que respondan a las necesidades reales de nuestros estudiantes”.
La dirigente insular subrayó además que reforzar las infraestructuras universitarias de Fuerteventura constituye una apuesta estratégica para retener talento, ampliar la oferta formativa y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social en la isla.
Un problema estructural para las islas no capitalinas
El acuerdo aprobado por el Pleno pone el foco en las dificultades específicas que sufren los estudiantes de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, territorios que no cuentan con la misma oferta universitaria presencial que las dos islas capitalinas.
En muchos casos, los jóvenes deben abandonar su entorno familiar con apenas 18 años para continuar su formación, lo que supone un importante esfuerzo económico para hogares que ya soportan el elevado coste de la vida en Canarias.
La declaración institucional considera que esta situación genera una desigualdad territorial persistente y reclama medidas estructurales que permitan garantizar un acceso más equitativo a la educación superior, independientemente de la isla de residencia.
Fuerteventura quiere reforzar su propio espacio universitario
Además de reclamar soluciones para el alojamiento estudiantil, el Cabildo plantea avanzar en la construcción de un verdadero espacio universitario majorero. El acuerdo recoge el compromiso de impulsar un Plan Insular de Infraestructuras Universitarias, elaborado en coordinación con las universidades públicas canarias y el Gobierno de Canarias.
El objetivo es estudiar nuevas infraestructuras y servicios que permitan ampliar progresivamente la oferta de estudios superiores en Fuerteventura, reduciendo la dependencia de los campus de Tenerife y Gran Canaria y favoreciendo que una mayor parte del alumnado pueda formarse sin abandonar la isla.
La iniciativa enlaza con la estrategia insular de diversificación económica, que busca fortalecer sectores vinculados al conocimiento, la innovación y la formación especializada.
Un Plan Canario de Residencias Universitarias
Uno de los puntos centrales de la declaración institucional es la petición al Gobierno de Canarias para que impulse un Plan Canario de Residencias Universitarias destinado específicamente a estudiantes procedentes de las islas no capitalinas.
La propuesta plantea incrementar la oferta pública de alojamiento en Gran Canaria y Tenerife, donde se concentran la mayor parte de las titulaciones universitarias del archipiélago, con el fin de reducir la presión económica sobre las familias y facilitar la continuidad de los estudios.
El Cabildo considera que las residencias universitarias deben entenderse como una infraestructura educativa esencial, al mismo nivel que las becas o las ayudas al transporte, y no únicamente como un recurso complementario.
Alianza entre cinco cabildos
La iniciativa contempla también la firma de un convenio marco entre los cabildos de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro para coordinar una estrategia común en materia de alojamiento universitario.
Esta alianza permitiría planificar de forma conjunta la construcción y gestión de una red de residencias estudiantiles, así como negociar con mayor fuerza institucional la colaboración del Gobierno autonómico, las universidades canarias e incluso la participación del Estado en futuros programas de financiación.
La coordinación interinsular pretende evitar actuaciones aisladas y avanzar hacia un modelo estable que dé respuesta a una problemática compartida por los territorios no capitalinos.
Respaldo unánime del Pleno
El Partido Popular celebró el respaldo unánime obtenido por su moción para promover una red pública de residencias estudiantiles, destacando que el acuerdo supone un paso importante para mejorar las condiciones de acceso a la universidad de los jóvenes de las islas menores.
El consenso alcanzado en el Cabildo refleja la creciente preocupación institucional por las dificultades que afronta el alumnado canario para continuar su formación superior fuera de su isla de origen y por el impacto que esa situación tiene sobre la igualdad de oportunidades.
Retener talento para el futuro de la isla
Más allá de la construcción de residencias, la iniciativa majorera persigue un objetivo de fondo: evitar la fuga permanente de talento joven y reforzar las posibilidades de que los estudiantes puedan desarrollar su proyecto profesional en Fuerteventura una vez finalizada su formación.
La Corporación insular defiende que ampliar la oferta universitaria, mejorar las infraestructuras educativas y garantizar condiciones dignas de alojamiento para quienes deban desplazarse son medidas fundamentales para construir un modelo de desarrollo más equilibrado y menos dependiente del exterior.
Con esta declaración institucional, Fuerteventura sitúa en la agenda política canaria la necesidad de abordar de forma conjunta el acceso a la educación superior en las islas no capitalinas y de avanzar hacia una red pública de residencias universitarias que permita a los jóvenes estudiar sin que la doble insularidad se convierta en una barrera para su futuro.
