Las asociaciones solidarias critican que el Gobierno no financie los 6.000 euros por contenedor necesarios para el transporte marítimo.
La masiva ola de solidaridad de los ciudadanos del archipiélago se ha topado de frente con un muro administrativo y económico bastante frustrante. Diversas organizaciones y plataformas de la comunidad venezolana en Canarias han manifestado públicamente su profundo descontento con la gestión del Gobierno regional tras los fuertes seísmos que sacudieron el país sudamericano en la madrugada del pasado jueves 25 de junio. Aunque la recogida de productos básicos ha sido un éxito rotundo gracias a la generosidad vecinal, los colectivos se enfrentan ahora a un problema insalvable: la imposibilidad total de costear el traslado marítimo de las donaciones hacia las zonas más afectadas.
El meollo del conflicto radica en el elevado coste del transporte internacional. Cruzar el Atlántico con un contenedor de ayuda humanitaria exige un desembolso aproximado de 6.000 euros, una cifra inasumible para las pequeñas entidades sociales de las islas.
Según denuncian los portavoces, el Ejecutivo canario se ha negado por el momento a habilitar una partida presupuestaria específica para sufragar estos gastos de flete y aduanas, dejando la cadena humanitaria completamente paralizada e interrumpida en los puertos de origen.
«Yo estoy ayudando a un compañero que tiene una asociación pequeñita y el descontento es general. Lo único que se nos ha ofrecido es una nave para guardar toda la ayuda en Puerto de la Cruz, pero no nos ayudan a enviarla. Si se acaban de aprobar 1,8 millones de euros para ayudar al país, ¿por qué no se destinan cincuenta mil euros a las gestiones de aduana y al envío?»
Leonardo Enrique Carrero, colaborador de la Asociación de Amigos Canarios Venezolanos.
Una marea solidaria atrapada entre cuatro paredes
La contradicción política ha encendido los ánimos del colectivo, que lleva semanas trabajando a destajo de manera voluntaria. Las asociaciones ya se han reunido en dos ocasiones con los representantes del Ejecutivo autonómico sin lograr avances tangibles. El malestar es aún mayor si se tiene en cuenta que el propio Consejo de Gobierno aprobó recientemente una importante modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros destinada de forma exclusiva a paliar los efectos del terremoto entre la numerosa colonia de canarios y sus descendientes directos que residen en tierras venezolanas. Desde el sector social no se entiende que, disponiendo de esos fondos de contingencia, no se desglose una pequeña partida de unos 50.000 euros que permitiría fletar los cuatro grandes contenedores que estiman llenar con el material recopilado en todo el archipiélago.
Pese al evidente bloqueo logístico, las organizaciones quieren poner en valor la imponente respuesta humana de los vecinos de las islas. Durante las últimas jornadas, cientos de familias canarias se han volcado en los puntos de recogida para aportar alimentos no perecederos, conservas, pañales y productos médicos de primera necesidad. Los voluntarios han invertido jornadas enteras en clasificar y embalar minuciosamente cada donación para cumplir de forma estricta con las normativas internacionales de aduanas, un esfuerzo vecinal encomiable que ahora corre el riesgo de echarse a perder acumulado en un almacén tinerfeño si las administraciones públicas no asumen de inmediato su responsabilidad logística.
