Los Llanos de Aridane acoge una manifestación ciudadana bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida"
La indignación social por la escasez habitacional se traslada con fuerza a la Isla Bonita. Alrededor de 300 personas se han concentrado en el municipio de Los Llanos de Aridane para exigir soluciones inmediatas a la crisis de vivienda, un problema estructural que se ha visto severamente agravado tras la erupción del volcán Tajogaite. La movilización, que transcurrió bajo el lema general de «La vivienda nos cuesta la vida», arrancó desde la céntrica Plaza de España y recorrió las principales arterias del casco urbano, visibilizando el creciente malestar de la población palmera ante la escalada descontrolada en los precios de los arrendamientos.
Durante la marcha, los manifestantes corearon de forma unánime diversas consignas que apuntaban de forma directa contra el actual modelo residencial de las islas, utilizando lemas como «Las casas son para vivir, no para especular» o acusando de forma explícita a la formación política Coalición Canaria de actuar como una agencia inmobiliaria. Los asistentes pusieron también el foco sobre el desmedido crecimiento de la vivienda vacacional, un fenómeno que, a juicio de los colectivos convocantes, está estrangulando el mercado de alquiler convencional al retirar de forma masiva inmuebles destinados a la oferta residencial de larga duración.
Una ola de protestas de alcance regional
Este acto de protesta pacífica no se produce de forma aislada, sino que se inscribe dentro de la intensa ola de movilizaciones ciudadanas que recorre de punta a punta el archipiélago canario en demanda de políticas públicas efectivas que garanticen el acceso a un hogar. La concentración de Los Llanos de Aridane sucede de este modo a las protestas ya celebradas en la isla de Gran Canaria y sirve como antesala de la gran manifestación regional que está programada para este mismo sábado en Tenerife.
Al concluir el recorrido por las calles del casco urbano, los portavoces de la plataforma ciudadana procedieron a dar lectura a un manifiesto reivindicativo en el que se defendió a ultranza el derecho constitucional a una vivienda digna y asequible para los residentes locales. El texto final exigió la aplicación inmediata de herramientas legales para contener el incremento de los alquileres en las zonas más tensionadas y cuestionó con firmeza la falta de planificación institucional, instando a las administraciones a anteponer el bienestar social de las familias damnificadas por las catástrofes naturales frente a los intereses de la especulación inmobiliaria.
