El gobierno insular arranca 2026 con una inversión potente para adquirir inmuebles ya construidos y cederlos al Instituto Canario de la Vivienda
El Cabildo de Lanzarote ha decidido no esperar a la colocación de nuevos ladrillos y opta por la vía rápida: comprar lo que ya existe. El grupo de gobierno presidido por Oswaldo Betancort ha marcado como prioridad absoluta para este arranque de 2026 el cierre de la operación de compra de 76 inmuebles en Playa Blanca (Yaiza).
La operación supone un desembolso de 11 millones de euros, una cifra considerable que busca atacar el problema de la vivienda en el epicentro turístico de la isla, donde los trabajadores del sector servicios encuentran cada vez más dificultades para residir.
Financiación compartida y cesión al ICAVI
La ingeniería financiera del acuerdo se basa en la cooperación. La mitad de la factura la pagará el Cabildo con fondos propios («a pulmón»), mientras que el otro 50% correrá a cargo de una aportación del Gobierno de Canarias.
El plan de ruta es claro: una vez adquiridas las propiedades, la Corporación insular las cederá al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi). Será este organismo quien gestione su destino final: el alquiler a precios asequibles. «El acceso a un hogar digno sigue siendo una de las principales demandas de la ciudadanía y estamos actuando con determinación», aseguró Betancort, defendiendo el «importante esfuerzo inversor» de la institución.
Playa Blanca: La ‘zona cero’ de los precios altos
La elección de la ubicación no es casual. El consejero de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, subraya que se actúa en Playa Blanca porque allí «la demanda habitacional es elevada y los precios del alquiler son los más altos de la isla». La presión del alquiler vacacional y la falta de oferta han disparado las rentas en el sur, expulsando a muchos residentes.
Esta no es la primera vez que el Cabildo interviene en el mercado de Yaiza. La institución recuerda que ya adquirió y cedió anteriormente un paquete de 42 inmuebles en la misma localidad con idéntico fin, consolidando una estrategia que busca «rescatar» vivienda privada para convertirla en servicio público.
