Las administraciones públicas han reforzado la coordinación para intensificar la vigilancia y el control de las actuaciones ilegales en suelo rústico de Fuerteventura, ante la presión que este tipo de usos está generando sobre el territorio de la isla.
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, el Cabildo de Fuerteventura, los ayuntamientos y diferentes cuerpos de seguridad trabajan conjuntamente para detectar construcciones, parcelaciones y otras actuaciones que se desarrollan sin los permisos necesarios.
Las infracciones urbanísticas pueden conllevar sanciones económicas importantes, cuya cuantía depende de la gravedad de los hechos, el tipo de actuación y la protección del suelo afectado. La legislación canaria contempla multas de hasta 600.000 euros para determinadas infracciones muy graves.
Entre las problemáticas que más preocupan se encuentran las parcelaciones ilegales de suelo rústico, un fenómeno que ha experimentado un crecimiento significativo durante los últimos años. En muchos casos, grandes parcelas se dividen y comercializan mediante participaciones o cuotas indivisas, pese a que esa fórmula no convierte los terrenos en solares edificables.
Las administraciones advierten también sobre la instalación irregular de contenedores, caravanas, construcciones y otras estructuras, así como sobre determinados cuartos de aperos que terminan destinándose a usos residenciales distintos de aquellos para los que fueron autorizados.
En Fuerteventura, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural abrió 103 expedientes durante 2025, la mayoría relacionados con infracciones urbanísticas. La Oliva, Pájara y Tuineje se encontraban entre los municipios con mayor número de actuaciones detectadas, aunque existen expedientes en toda la isla.
La respuesta administrativa no se limita a la imposición de multas. Los procedimientos pueden incluir también órdenes para retirar las instalaciones o construcciones ilegales y restaurar el terreno a su estado anterior, de manera que el pago de una sanción no implica necesariamente que una actuación irregular pueda mantenerse.
La estrategia combina las inspecciones y los expedientes sancionadores con campañas de información dirigidas a propietarios y compradores. Las instituciones insisten especialmente en la necesidad de comprobar la situación urbanística y jurídica de cualquier terreno rústico antes de adquirirlo o instalar elementos sobre él, ya que ser propietario del suelo no implica disponer automáticamente del derecho a construir o destinarlo a cualquier uso.
Fuente: Hasta 600 mil euros podría llegar la sanción por expedientes en suelo rústico











