
Una investigación de gran calado desarrollada por los servicios de seguridad del Estado ha puesto al descubierto la enorme dimensión del menudeo delictivo y el crimen organizado que opera en las zonas comerciales de los aeropuertos españoles. Un operativo conjunto desplegado por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil ha culminado con la detención o investigación de 92 personas en siete aeródromos de la red nacional: Tenerife Sur, Gran Canaria, Fuerteventura, Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Sevilla y Alicante-Elche.
El origen de la bautizada como ‘Operación Tonfa TF’ se sitúa en la terminal de Tenerife Sur. Las pesquisas fueron asumidas de forma directa por los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del aeródromo tinerfeño, en estrecha colaboración con el personal aduanero. El rastreo de una serie de sustracciones continuadas en una de las tiendas libres de impuestos del recinto permitió desmantelar en una primera fase dos bandas criminales perfectamente estructuradas a las que se les atribuye la autoría de más de un centenar de hurtos. Los efectos sustraídos, orientados al mercado negro, alcanzan una valoración económica oficial de 87.237 euros, figurando como botín principal frascos de perfumería de marcas de lujo y cartones de tabaco.
Recuperados más de 45.000 euros en material y puestas a disposición judicial
El exhaustivo trabajo de rastreo e inteligencia policial sobre los sospechosos no solo permitió identificar las ramificaciones de los grupos implicados en otros aeropuertos clave del país, sino que facilitó la interceptación y recuperación de una parte sustancial de la mercancía sustraída. Según han confirmado las fuentes de la investigación, los agentes han logrado recuperar efectos cuyo valor de mercado supera los 45.000 euros, los cuales serán devueltos a los establecimientos afectados.
La instrucción del procedimiento, junto con las 92 personas puestas a disposición en calidad de detenidas e investigadas, ha sido derivada a la autoridad judicial competente. Las diligencias han recaído sobre los Juzgados del Partido Judicial de Granadilla de Abona, en Santa Cruz de Tenerife, donde se tramitarán las correspondientes responsabilidades penales por delito continuado de hurto y pertenencia a grupo criminal.










