El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) resuelve la convocatoria de 2025 agotando el crédito disponible
El Gobierno de Canarias arranca el año administrativo cerrando carpetas pendientes de 2025. El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), dirigido por Antonio Ortega, ha publicado la resolución definitiva de las subvenciones destinadas a fomentar la construcción de vivienda protegida (VPO) de promoción privada dedicada al arrendamiento. En total, una inyección de 2.000.000 de euros que busca aliviar la tensión del mercado del alquiler en las islas capitalinas.
La estrategia del Ejecutivo pasa por incentivar la colaboración público-privada: poner dinero público para que entidades privadas o mixtas construyan edificios que, obligatoriamente, deberán salir al mercado con precios limitados.
El reparto del pastel: Gran Canaria y La Laguna
La demanda de ayudas ha sido tal que se ha agotado todo el crédito presupuestario disponible. El reparto ha quedado configurado en dos grandes bloques:
Gran Canaria: La mayor cuantía, 1.097.632 euros, ha sido adjudicada a la entidad Viviendas Gran Canaria 2025.
Tenerife: La Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de San Cristóbal de La Laguna (Muvisa) recibe los 902.367 euros restantes para sus proyectos en la ciudad universitaria.
Desde la Consejería defienden que estas actuaciones son quirúrgicas, dirigidas a «ámbitos urbanos con mayor tensión residencial», donde encontrar un alquiler a precio razonable se ha convertido en una misión imposible para las familias trabajadoras.
Visocan activa 200 casas en Lanzarote
Más allá de estas subvenciones, la maquinaria pública sigue su curso paralelo. La empresa pública Visocan ha sacado a licitación la redacción del proyecto y dirección de obra para una nueva promoción masiva en Arrecife.
Se trata de 200 viviendas protegidas, que incluirán garajes y trasteros, en la capital de Lanzarote, una de las islas más castigadas por la falta de oferta habitacional. Este movimiento se suma al convenio firmado recientemente con el Cabildo de Tenerife para canalizar fondos insulares hacia ayudas autonómicas, poniendo el foco en los jóvenes y las rentas bajas.
Telón de fondo: La polémica normativa
Mientras el dinero fluye hacia las constructoras y promotoras, la tensión social no cesa en el plano normativo. La noticia de estas inversiones llega acompañada del ruido de fondo provocado por el reciente decreto de vivienda.
Tal y como informábamos anteriormente, el Sindicato de Inquilinas (tanto de Fuerteventura como de Tenerife) y la plataforma Derecho al Techo insisten en pedir la nulidad del nuevo reglamento que exige 10 años de residencia para acceder a una casa pública. Colectivos sociales advierten de que, por mucho dinero que se invierta en ladrillo, si el acceso se restringe con criterios que consideran «inconstitucionales», el problema de la exclusión social persistirá.
