El colectivo de Fuerteventura y Tenerife denuncia que la nueva norma aprobada el 23 de diciembre es "nula de pleno derecho"
La polémica está servida en el cierre del año. El Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura, en una acción conjunta con su homólogo de Tenerife y el colectivo Derecho al Techo, ha lanzado una dura advertencia contra el Gobierno de Canarias: el nuevo Decreto del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida es, a su juicio, «ilegal y jurídicamente impugnable».
El motivo de la discordia es el requisito estrella aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 23 de diciembre: para acceder a una casa pública, el solicitante deberá acreditar una residencia mínima y continuada de diez años en las Islas. Una barrera que, según los denunciantes, choca frontalmente contra la jerarquía normativa. «Un decreto es un reglamento inferior y no puede restringir derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o el Estatuto», argumentan.
La paradoja del retornado: ciudadanos de segunda
El punto más crítico del comunicado se centra en la situación de los canarios en el exterior. El Sindicato califica la medida de «inaceptable» porque castiga precisamente a los locales que se vieron forzados a emigrar.
«Este decreto castiga a las trabajadoras y estudiantes canarios que se vieron obligados a irse y que, al retornar a su tierra, son tratados como ciudadanos de segunda», explican. Según el colectivo, esto viola el artículo 17 del Estatuto de Autonomía, que obliga a los poderes públicos a facilitar el regreso e inserción social de los canarios en el exterior. Al exigir 10 años continuados, quien haya vuelto hace dos años, por ejemplo, quedaría automáticamente excluido del sistema, independientemente de su vulnerabilidad.
Adiós al sorteo, pero no a cualquier precio
Aunque el Sindicato comparte la necesidad de eliminar el antiguo sistema de sorteo (una lotería que no siempre atendía a la urgencia real) para pasar a uno basado en la vulnerabilidad social, rechazan que se use este cambio para introducir filtros «discriminatorios».
La plataforma alerta de que la medida también contraviene el derecho europeo, específicamente el principio de libre circulación y no discriminación. «Imponer una barrera de una década no protege a la ciudadanía, ni frena la especulación inmobiliaria ni el uso turístico. Lo único que hace es blindar la escasez estructural de vivienda pública, desplazando el problema y dejando fuera a miles de personas necesitadas mediante la burocracia», sentencian.
Exigencia de retirada inmediata
El colectivo concluye exigiendo la retirada inmediata y la nulidad del decreto, solicitando abrir una mesa de diálogo social real. Para el Sindicato de Inquilinas, la solución no pasa por levantar muros administrativos («arbitrariedad prohibida por la Constitución»), sino por invertir en construcción, regular el mercado y poner coto a la especulación. «La vivienda es un derecho, no un privilegio para quien cumpla requisitos de arraigo arbitrarios», finalizan.
