Nuevos acuerdos entre Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos buscan ampliar el alquiler asequible y frenar la exclusión residencial en 2026
El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes retos sociales de Tenerife y de todo el archipiélago. En este contexto, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y varios ayuntamientos han firmado, a fecha de 20 de enero de 2026, una serie de acuerdos estratégicos para impulsar la construcción de más de 260 viviendas protegidas, destinadas principalmente al alquiler asequible y a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado inmobiliario.
La iniciativa forma parte de una respuesta institucional ante el fuerte encarecimiento de los precios de compra y alquiler registrado en los últimos años, especialmente en áreas urbanas y metropolitanas de la isla.
Distribución territorial de las nuevas viviendas
Los acuerdos contemplan actuaciones en distintos municipios, con el objetivo de repartir la oferta pública y evitar una concentración excesiva en un solo núcleo urbano. Entre las promociones previstas destacan:
- Santa Cruz de Tenerife: 226 viviendas protegidas en la zona de Cuevas Blancas, uno de los desarrollos públicos más relevantes de los últimos años
- María Jiménez (Santa Cruz): 37 viviendas públicas adicionales
- Arafo: 24 nuevas viviendas protegidas
- La Victoria de Acentejo: 21 viviendas destinadas a alquiler social
Estas promociones suman un total de 263 viviendas, que se incorporarán progresivamente al parque público de la isla a lo largo de los próximos ejercicios.
Inversión pública y refuerzo del alquiler asequible
La inversión asociada a estos proyectos supera los 50 millones de euros, con financiación compartida entre el Ejecutivo autonómico, el Cabildo y los ayuntamientos implicados. Parte de los fondos se destinarán también a reforzar las ayudas al alquiler habitual, dirigidas a familias con rentas medias y bajas, jóvenes que buscan emanciparse y personas en situación de vulnerabilidad.
Desde la Consejería de Vivienda se ha subrayado que estas actuaciones buscan corregir el desequilibrio entre oferta y demanda, uno de los factores que más ha tensionado el mercado inmobiliario tinerfeño.
Una respuesta a un mercado cada vez más inaccesible
Durante 2025, Tenerife registró incrementos de precios de dos dígitos en algunas zonas, tanto en vivienda usada como en alquiler, lo que ha obligado a muchas familias a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago del alojamiento. Esta situación ha tenido un impacto especialmente duro en jóvenes, trabajadores del sector servicios y familias monoparentales.
Las nuevas promociones públicas pretenden actuar como un colchón social, ofreciendo alternativas habitacionales estables y a precios moderados frente a un mercado privado cada vez más restrictivo.
Ajustes presupuestarios para garantizar la ejecución
Además de anunciar nuevas viviendas, el Gobierno de Canarias ha aprobado modificaciones presupuestarias para asegurar la viabilidad de promociones ya iniciadas, afectadas por el encarecimiento de materiales y costes de construcción. Estos ajustes buscan evitar retrasos y garantizar que las viviendas comprometidas lleguen realmente a los beneficiarios.
Las administraciones implicadas reconocen que la solución al problema de la vivienda no será inmediata, pero defienden que incrementar el parque público es una condición imprescindible para avanzar hacia un mercado más equilibrado.
2026, un año clave para la política de vivienda
Con estos acuerdos, Tenerife inicia 2026 con una hoja de ruta clara en materia de vivienda pública. El reto ahora será agilizar los plazos administrativos, coordinar a las distintas instituciones y garantizar que las viviendas se asignen con criterios de equidad y transparencia.
