La Comisión Europea ha sido tajante: España debe eliminar la duplicidad burocrática que ha mantenido en el limbo a miles de propietarios
Lo que el Ministerio de Vivienda vendió como una victoria contra el fraude se ha convertido en un laberinto legal con sello europeo. La Comisión Europea (CE) ha dado un ultimátum al Gobierno de España para que resuelva la «chapuza» de la Ventanilla Única Digital. Según Bruselas, obligar a los propietarios a un doble registro (el autonómico y el estatal) vulnera el derecho comunitario, ya que la competencia de gestión recae exclusivamente en las comunidades autónomas.
Este pronunciamiento supone un rayo de esperanza para los 13.700 propietarios canarios que vieron cómo sus anuncios desaparecían de gigantes como Booking o Airbnb por no contar con el código NRUA (el polémico registro estatal). En Fuerteventura, la incidencia ha sido especialmente sangrienta en el municipio de La Oliva, donde 942 anuncios fueron borrados del mapa digital en el último año.
El caos del NRUA: Un sistema con un 20% de error
El Real Decreto 1312/2024 obligaba a inscribir las viviendas en el Registro de la Propiedad, un trámite que ha resultado ser un cuello de botella. De las más de 420.000 solicitudes a nivel nacional, una de cada cinco fue rechazada.
Canarias ha sido la segunda comunidad más afectada por estos rechazos. Miles de propietarios que cumplían escrupulosamente con la Ley Canaria se encontraron con que, para el Estado, eran «ilegales» por un fallo administrativo o una interpretación restrictiva del registrador.
«Se ha causado la erradicación de viviendas turísticas en manos de familias y pequeñas empresas que eran plenamente legales»
Impacto en Fuerteventura: El caso de La Oliva y Pájara
La situación en la isla es dispar, reflejando cómo la normativa local puede blindar o exponer a los propietarios:
| Municipio | Impacto del Bloqueo Estatal | Situación Normativa |
| La Oliva | 942 anuncios retirados | Muy afectado; los anuncios bloqueados se duplicaron en un año. |
| Pájara | Impacto menor | Cuenta con ordenanza municipal propia (de los pocos en Canarias). |
| Total Canarias | 13.700 viviendas en el limbo | Segunda comunidad con más rechazos de España. |
¿Qué pasará a partir del 20 de mayo?
Si el Gobierno de España no rectifica antes de la fecha límite impuesta por Europa, se enfrenta a sanciones y a la anulación judicial del decreto por parte del Tribunal Supremo, que ya tiene el caso visto para sentencia.
La resolución europea deja claro que el Estado debe ser un simple «canalizador de datos» hacia Bruselas, no un filtro que imponga requisitos adicionales a los que ya exigen las comunidades autónomas. Esto significa que los propietarios que cuentan con su licencia de Cabildo o Ayuntamiento deberían poder volver a comercializar sus viviendas sin miedo a que las plataformas borren sus perfiles por falta del código estatal.
Para el sector del alquiler vacacional en Fuerteventura, este espaldarazo de la CE es la confirmación de que la regulación no puede ser una herramienta para la «expropiación de derechos» de los pequeños propietarios.
