Aproximadamente un millar de empresas canarias están bajo investigación por posibles casos de fraude con los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE). Los funcionarios de Estado han detectado contrataciones después del estado de alarma en 976 empresas del archipiélago que disfrutan de las bonificaciones y/o exenciones en el pago de la Seguridad social.
El Ministerio de Trabajo, que ya ha comunicado que los ERTE podrían prolongarse hasta 2021, ya advirtió que sería especialmente estricto en la persecución de aquellas empresas que hiciesen uso indebido de las bonificaciones y exenciones, pudiendo ascender la multa según el caso a 187.515 euros más las cantidades defraudadas.
